Libros truchos en puestos de ferias e incluso en librerías; capítulos y hasta obras completas foto-duplicadas que se venden en locales de copiado y en centros universitarios; best sellers en versiones digitales caseras que se pueden bajar gratis por Internet: todo lo que alimenta la piratería en el mundo editorial atenta contra los derechos de los autores. Desde 2002, y a partir de una iniciativa de un grupo de editores nacionales que integran la Cámara Argentina del Libro, funciona una entidad que combate la reproducción de los libros por medios ilegales.
El Centro de Administración de Derechos Reprográficos de la Argentina (Cadra) es una asociación civil que gestiona en forma colectiva los derechos de sus asociados. En la actualidad, agrupa a 1103 escritores y 214 editores. En diciembre pasado, Cadra repartió cerca de un millón de pesos ($ 919.916,41, exactamente) entre sus socios. Fue el monto más importante recaudado en la historia de la institución. El dinero surgió de los pagos realizados por centros de copiado, empresas, universidades, organismos estatales y bibliotecas. Esas licencias anuales que ofrece la entidad varían según la clase de establecimiento (comercial o educativo) y la cantidad de empleados y de clientes estimados: en promedio, las cifras van de $ 37,80 a 5040.
A diferencia de Sadaic (la sociedad que protege los derechos de músicos y compositores), que realiza inspecciones para verificar el pago del canon por la reproducción de temas, a Cadra le resulta difícil controlar el movimiento de cada centro de copiado del país. Por eso, establecieron el sistema de contratos que permiten la reproducción de hasta el 20 por ciento de las obras de sus asociados.
Lo recaudado se distribuye una vez al año, según las normas del reglamento que está disponible en su página web: www.cadra.org.ar. El Centro conserva un porcentaje para gastos administrativos y un fondo de reserva; lo demás se paga a los autores y editores en partes iguales. La asociación es gratuita y es necesario tener por lo menos una obra publicada. Están incluidos escritores, traductores, ilustradores, diseñadores de arte y editores. Todos firman un contrato de adhesión, que delega a Cadra el mandato para la gestión colectiva de sus derechos.
"El dinero se reparte 50 y 50 entre autores y editores que hayan publicado en los últimos cinco años. El monto que recibe un autor no tiene que ver con cuánto vende, sino con el género: si es técnico-científico o si es de ficción, por ejemplo. Un 70 por ciento de la recaudación se destina a los libros educativos, y el 30 por ciento corresponde a los de interés general. Se reproducen más los que están encuadrados en la denominación científico-técnico-médico", explica Magdalena Iraizoz, directora ejecutiva de Cadra.
Pero las fotocopias no son el único medio de reproducción de libros. Según los directivos de Cadra, en los últimos años aumentó la piratería por Internet: existen sitios web que permiten descargar gratis copias digitales de obras completas. No hay problema cuando se trata de textos creados bajo la licencia de Creative Commons (contenidos de libre difusión), pero sí cuando son títulos conCopyright. En la Argentina, la ley establece que el derecho de autor rige hasta 70 años después de la fecha de la muerte. A partir de entonces, la obra entra en el dominio público y es posible publicar o versionar el contenido sin autorización del autor o sus herederos.
Para combatir la piratería virtual, Cadra firmó un acuerdo con Cedro, su par española, para lanzar la plataforma web www.conlicencia.com, que desde el año pasado otorga licencias que permiten la copia y digitalización de libros protegidos por el derecho de autor. Cadra también se ocupa de frenar la piratería a nivel industrial. "En el último allanamiento importante, el 19 de diciembre de 2013, encontramos cien mil libros, casi todos best sellers de distintas editoriales", cuenta Ana María Cabanellas, presidenta de Cadra. Y agrega: "Hay imprentas que hacen libros legales y también ilegales. Para colmo, algunos pirateados son de mejor calidad que los originales. A veces es difícil distinguir cuál es cuál".
Entre los socios de Cadra figuran escritores de estilos y generaciones tan variadas como Marcos Aguinis, Jorge Fernández Díaz, Ceferino Reato, Federico Andahazi, Leopoldo Brizuela, Beatriz Sarlo, Osvaldo Bayer, Florencia Bonelli y Pablo De Santis. Están los grupos editoriales más importantes, como Planeta y Penguin, y también sellos pequeños como Interzona, El Cuenco de Plata y La Bestia Equilátera.
Otros autores, como Daniel Link, se oponen a que se cobre por la reproducción de los textos con fines educativos. "Yo, como docente de la Universidad de Buenos Aires, doy bibliografía obligatoria a los alumnos. Ellos, por lo tanto, estarían obligados a comprar las «reprografías» y a pagar por ellas un porcentaje. O sea que si yo formo parte de Cadra [es muy fácil cotejar el listado de los asociados con los docentes universitarios en ejercicio] estoy haciendo ganar plata a mis colegas."
La poeta Diana Bellessi, que conoce el trabajo de Cadra, pero no se ha asociado, representa una postura intermedia: "Estoy de acuerdo con que les cobren un canon a los que hacen dinero con las fotocopias, pero no a quienes optan por esto porque les sale mucho más barato que comprar un libro y que, de lo contrario, no lo leerían. Aunque nunca he visto una biblioteca personal hecha de fotocopias, me indigna que los profesores les aconsejen a sus alumnos que no compren libros, sino que los fotocopien, porque con el tiempo se vuelve papel picado. Nadie atesora esos libros en fotocopia, no son una herencia".
Por Natalia Blanc | LA NACION
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