El programa comunista de Julio Argentino Roca / Rodolfo Terragno
Incheon fue, en 1950, escenario de la mayor batalla
librada durante la Guerra de Corea, que enfrentó a Occidente con el mundo
comunista. El año pasado, unos 130 ministros de Educación y legiones de
expertos dieron comienzo, desde esa misma ciudad coreana, una batalla por la
“educación inclusiva”. Se habían reunido en el Foro mundial sobre la educación,
y terminaron aprobando una declaración de principios (“Educación 2030”) que sitúa a la
inclusión educativa al tope de un implícito programa universal de educación.
Es la Argentina, precisamente, la que ostenta una histórica política inclusiva que (salvo en los ex países comunistas) tiene muy pocos precedentes. Fue en el siglo 19 y, por distintas razones, hoy no sería aplicable. Sin embargo, demuestra que, para convertir el slogan en realidad, el Estado debe hacer esfuerzos extraordinarios y constantes.
Hubo una ley –asiduamente invocada pero poco conocida—que organizó esa política. Fue la ley 1420, de 1884.
Esa ley — impulsada por Domingo Faustino Sarmiento y promulgada por Julio Argentino Roca— fue precisa y expeditiva:
· Dispuso que hubiera una escuela por cada 1.500 habitantes. Una por cada 500 en el campo.
· Creó las “escuelas ambulantes”, para llevar enseñanza a lugares remotos.
· Decidió “convertir cuarteles, guarniciones, buques de guerra, cárceles, fábricas u otros establecimientos” en escuelas para adultos.
· Impuso la no discriminación. De hecho prohibió la diferenciación del alumnado según la condición social, el color, la nacionalidad o la religión.
· Decidió que la mujer debía tener la misma educación que el hombre y dio lugar a clases mixtas.
· Obligó a que los padres inscribieran en la escuela a sus hijos de 6 a 14 años, no admitiendo la
exención con motivo de pobreza familiar, ya que hizo la enseñanza completamente gratuita.
· Fijó sanciones para los padres que no asegurasen la permanente asistencia de sus hijos a la escuela. Si un menor faltaba “más de dos días” a la escuela, los padres tenían que pagar multas. El chico, a la vez, podía ser conducido a la escuela por la fuerza pública.
· Prohibió catequizar. La enseñanza religiosa sólo se podía impartir fuera de las horas de clase, por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión”.
· Obligó a que en las escuelas se vacunara y revacunara en los correspondientes períodos.
· Forzó a los padres a gerenciar las escuelas desde cargos públicos irrenunciables y ad honorem.
En cada distrito escolar debía establecerse un Consejo Escolar, integrado por cinco padres elegidos por el Consejo Nacional de Educación, que fue creado por el mismo Roca. Los designados no tenían derecho a rechazar el nombramiento. Durante dos años desempeñarían un trabajo exigente, sin recibir ni un peso. Tenían que reunirse, como mínimo, una vez por semana; y no para un mero intercambio de opiniones. La ley les imponía tareas precisas. Debían recaudar las rentas del distrito, procedentes de “multas y donaciones o subvenciones particulares”, y con ellas hacer cosas como “proporcionar vestido a los alumnos indigentes”, establecer “cursos nocturnos o dominicales para adultos” y promover la fundación de “bibliotecas populares”.
Para la Iglesia, la ley 1420 era “atea” e “impía”. Los obispos la desafiaron mediante pastorales. Los párrocos la atacaron desde los púlpitos o los presbiterios. Pedro Goyena y José Manuel Estrada la denostaron en diarios católicos.
Eso avivó las manifestaciones religiosas que se produjeron en todo el país. Al frente de tal movilización estaba el nuncio apostólico, Luis Mattera, que denostó a Roca por la promulgación de la ley y lo acusó de ser “el inspirador” de los “duros ataques” contra su persona. La disputa entre el delegado papal y el gobierno prosiguió hasta que, el 14 de octubre de 1884, Roca tomó una drástica decisión: expulsó al nuncio del país y rompió con el Vaticano antes que renunciar a la educación laica.
Mirada a través de un cristal ideológico, la ley 1420 causa perplejidad. Los efectos de la educación masiva no podían ser favorables a la clase dominante. En el pueblo culto germina, enseguida, la ambición de igualdad.
¿Por qué Roca, que encarnaba a la oligarquía, quiso esparcir conocimientos, arriesgándose a la ulterior rebeldía de las masas? Es que cuando una clase domina una nación, el interés nacional percibido se vuelve tan importante como los intereses objetivos de clase.
La generación del 80 sintió que era dueña de una Argentina destinada a crecer e –ignorando su ubicación geográfica en el sur de América– convertirse en potencia. Para eso, se requerían transformaciones que –juzgadas con criterios ideológicos— parecen contradictorias.
Roca sintió, por un lado, que un “destino manifiesto” lo forzaba a emprender la Campaña del Desierto, conquistando 15.000 leguas cuadradas y sacrificando o tomando prisioneros por doquier.
La inclusión educativa requiere hoy métodos distintos a los del siglo 19. La ley 1420 impuso una suerte de servicio militar educativo, que hoy no sería admisible. Cuesta imaginar, por ejemplo, que un chico sea arrastrado a la escuela por la policía. Lo importante es que las políticas educacionales tengan, con métodos distintos, la profundidad, el rigor y la constancia de aquel plan cifrado en la ley 1420.
La Asignación Universal por Hijo –que los padres no pueden cobrar entera si no envían a sus hijos a la escuela— es un paso en la dirección correcta. Pero la política educacional no puede quedar ahí, y además debe entenderse que la inclusión no se logra ni con los mejores planes educacionales si no va asociada a una política de desarrollo económico y redistribución del ingreso.
*** RODOLFO TERRAGNO es escritor y político. Embajador argentino en UNESCO.
