En una carta a los medios, con propósitos tácitos de censura, el señor Miguel Giménez Zapiola, director de Asuntos Corporativos de Barrick Argentina, me acusa de mentir en mi libro El Mal. El modelo K y la Barrick Gold y forjar "teorías conspirativas del género de la ciencia ficción" respecto de la empresa trasnacional que le paga el sueldo. La ofensa gratuita del ejecutivo de una corporación extranjera a un diputado de la Nación carecería de mayor relevancia si no fuera una nueva demostración del escaso respeto por nuestra soberanía que esta compañía canadiense, profusamente acusada de violar derechos humanos y agredir al medio ambiente, viene acumulando en nuestro país, al calor del tráfico de influencias que ejerce en su favor la propia presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Nada tiene que ver con Ray Bradbury y la "ciencia ficción" la decisión tomada el 30 de enero de 2009 por la ministra de Finanzas de Noruega, Kristin Halvorsen, quien anunció públicamente que el país nórdico había resuelto retirar sus inversiones del fondo de pensiones en la compañía Barrick por sus "daños irreparables al medio ambiente". Los noruegos se basaban en distintos informes de Amnesty International y Human Rights Watch, entre otras fuentes no ficticias. La decisión soberana de Noruega contrasta notoriamente con el sometimiento antinacional de cinco gobiernos argentinos: los de Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Menem, por indicaciones de George Bush padre, firmó -en diciembre de 1997- el Tratado de Integración y Complementación Minera entre la Argentina y Chile, que forjó un tercer país virtual en la cordillera de los Andes. Es una superficie helada de 340.835 kilómetros cuadrados, que tiene un objetivo lesivo para nuestra soberanía: favorecer la megaminería del cianuro con "inversiones" en ambos lados de la Cordillera, en la que -especialmente los argentinos- les regalamos el agua y les subsidiamos la energía y los combustibles. En ese tercer país se ubica Pascua Lama, el objetivo inicial y central del Tratado Minero argentino-chileno: la primera mina binacional del mundo con reservas probables y probadas por 60.000 millones de dólares. Allí no hay aduanas, los antiguos caminos públicos se han vuelto privados y son vigilados por la seguridad de la Barrick. Por uno de los acuerdos que "perfeccionaron" el tratado, es la propia empresa la que paga el sueldo de los carabineros chilenos y los gendarmes argentinos. La idea del Estado nacional se disuelve, como ya se disolvió en la cabeza del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, uno de los servidores de la corporación canadiense, que sostiene alegremente: "Las fronteras las inventaron los hombres". Movido por esa misma mentalidad neocolonial, agravió la memoria del libertador José de San Martín, al organizar un carnavalesco Cruce de los Andes a caballo junto con el embajador canadiense Timothy J. Martin, en el que ondearon las banderas de Chile, la Argentina y Canadá. ¿Qué tenía que hacer la hoja de maple? Para "viabilizar" el proyecto Pascua Lama, tanto la empresa como el gobierno argentino violaron leyes fundamentales. Empezando por el informe de impacto ambiental realizado por Knight Piésold, una consultora que compartía domicilio con Barrick en San Juan. Allí se ocultó la existencia de glaciares y áreas periglaciales, y cuando se descubrió la omisión la empresa propuso trasladar tres de ellos... ¡con palas mecánicas! Luego se violó el artículo 22 de la ley general del ambiente, que ordena a las empresas sacar un seguro contra riesgos medioambientales. Pero esto es pecata minuta. La falta de respeto por nuestra soberanía puede medirse también en dos datos cruciales: la Argentina pone el 90% de los millones de litros de agua que usará la mina todas las horas del día, todos los días del año, durante un cuarto de siglo. Como premio, quedará en nuestro territorio el dique de colas: una olla en la montaña de 400 metros de profundidad por 340 hectáreas de superficie, una suerte de dique San Roque bañado con lo que los mineros llaman "la sopa": la mezcla de roca molida con agua y cianuro. Como una amenaza a perpetuidad. La constante violación de la ley se convirtió en degradación total de la soberanía nacional con el acuerdo tributario secreto que firmaron, el 28 de abril de 2009, el secretario de Hacienda argentino, Juan Carlos Pezoa, y el director de Impuestos Internos de Chile, Ricardo Escobar. El convenio motivó la renuncia del subsecretario de Hacienda Cristian Modolo y el malestar de otros técnicos, que se negaron a "ponerle el gancho" para "no ir presos". En ese acuerdo, que es otra bofetada autoritaria contra el Congreso de la Nación, se viola la normativa existente respecto del impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Legislación que debería ser reformada por el Parlamento para tener validez. Por este nuevo Pacto Roca-Runciman, esta vez del oro, la Argentina resigna en favor de la Barrick Gold su capacidad plena de percibir tributos conforme a su legislación interna y no de acuerdo con la cantidad de mineral que se extraiga de cada territorio. Este nuevo estatuto del coloniaje fue establecido a pedido expreso de Peter Munk, por nuevos funcionarios de Indias: el gobernador Gioja; el secretario de Minería, Jorge Mayoral; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y la propia Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Por si fuera poco, la empresa beneficiaria, que reinará en una frontera tan delicada, fue fundada por el mayor traficante de armamento de la Tierra, el saudita Adnan Khashoggi, que usó sus acciones en Barrick para financiar el Irán-Contras de mediados de los años 80, el escándalo de armas y drogas que casi les cuesta la presidencia a Ronald Reagan y la vicepresidencia a George Bush senior. © La Nacion |
