La "revolución" terminará en los tribunales laborales: conductores y panelistas del programa hiperkirchnerista 6,7,8 reclaman indemnizaciones que en conjunto suman unos $ 25 millones. El reclamo no tiene relación con aquel programa del gubernamental Canal 7, sino con los espacios adicionales que los mismos periodistas tenían en Radio Nacional. La cifra incluye los reclamos de productores y asistentes que trabajaban con los desvinculados.
Carlos Barragán podría llevarse $ 4.150.000 por Todos en cuero (se emitía de lunes a viernes, de 14 a 17), por el que tenía una remuneración mensual de $ 81.250; Carlos Polimeni, $ 3.880.000 por Voces del Sur (lunes a viernes, de 21 a 23), que le representaba, $ 55.000; Roberto Caballero, $ 3.200.000, por su participación diaria en Mañana es hoy, por la que el Estado le pagaba $ 68.200;
Edgardo Mocca, $ 1,1 millones por su columna en Todos en cuero, que le permitía ingresar $ 68.000; Mariana Moyano, $ 1,5 millones por el programa semanal Sintonía fina, que le significaba un ingreso de $ 19.500, y el historiador Hernán Brienza se quedaría con $ 827.000 por su columna en Mañana es hoy, por la que cobraba $ 34.500.
El caso de Nora Veiras es confuso porque en la carta documento enviada a Radio y Televisión Argentina (RTA), empresa estatal propietaria de Canal 7 y Radio Nacional, parece haber algunos ceros de más, porque el reclamo llegaría a los $ 300 millones.
Además de conducir y encarnar diversos papeles en la producción del relato kirchnerista desde el panel de 6,7,8, todos los mencionados ocupaban horarios centrales en la programación de Radio Nacional y la mayoría de ellos habían renegociado sus contratos para este año con la directora saliente de la emisora, María Seoane, que los firmó en la primera semana de diciembre pasado.
En febrero, poco después de la designación de la nueva directora de la emisora, Ana Gerschenson, los ex 6,7,8 fueron a la histórica sede de la radio, en Maipú 555, a reclamar los espacios que hasta entonces habían ocupado y mantuvieron un duro cruce que generó mucha polémica en las redes sociales. "Nos echaron por nuestra forma de pensar", dijo entonces Caballero, quien junto con Jorge Halperín -que también envió su carta documento- y Luciano Galende actuaron de voceros de los contratos discontinuados. Hasta ahora, ni Galende ni Cynthia García integran el grupo de los que reclaman indemnización.
Durante la administración kirchnerista fue común que algunas de las figuras más militantes del partido gobernante tuvieran varios contratos con medios públicos o productoras vinculadas a esas emisoras. Los planteos no son contra Canal 7 porque 6,7,8 era producto de una empresa privada, Pensado para Televisión (PPT), vendida por su fundador, Diego Gvirtz, en abril de 2015, al grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En Canal 7 también hubo reclamos millonarios, algunos de los cuales ya se resolvieron. Uno de ellos es el de la ex directora ejecutiva Rosario Lufrano, quien pidió una indemnización de $ 5 millones, pero -representada por el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández- terminó acordando una desvinculación por una cifra mucho menor.
"Nuestro deber es defender el dinero del Estado, que es el de todos los argentinos. No sólo tenían sueldos astronómicos, sino que aspiran a indemnizaciones escandalosas", respondió Hernán Lombardi, ministro de Medios y Contenidos Públicos.
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