Es nuestra obligación advertir que el Gobierno, dejando de lado el equilibrio y la independencia que debe existir entre los poderes del Estado, prefiere -cual jugador cegado por la ambición y el ánimo de ganar a toda costa- patear el tablero y quedarse con todas las fichas para así jugar solo y avanzar sobre todas las posiciones posibles. Aún sobre las que institucionalmente no le corresponde.
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El periodismo está en riesgo. Su esencia es indagar los hechos en busca de la verdad. Su función es tener un enfoque crítico. Y esto siempre incomoda al poder de turno.
La libertad de pensar distinto y de poder expresar las opiniones divergentes en los medios de comunicación también están en riesgo.
Como bien señalara Albert Camus, "un periódico libre se mide tanto por lo que dice como por lo que no dice. Esta libertad negativa es, por lejos, la más importante de todas, si uno sabe mantenerla. Porque prepara la llegada de la verdadera libertad. En consecuencia, un periódico independiente da el origen de su información; ayuda al público a evaluarla; repudia las falsas propagandas; suprime las injurias; mitiga, mediante comentarios, la uniformidad de las noticias y, en suma, sirve a la verdad en la medida humana de sus fuerzas. Esta medida, por más relativa que sea, le permite al menos rechazar lo que ninguna fuerza en el mundo podría hacerle aceptar: servir a la mentira".
El ejercicio del periodismo refleja y estimula el pensamiento plural de una sociedad. Cada medio periodístico tiene su forma de mostrar los hechos en un contexto marcado por su línea editorial.
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Entendemos que es necesaria una ley de medios de comunicación. Pero como viene sucediendo en otros aspectos medulares y emblemáticos del país, en la elaboración de las nuevas normas se produce un notable divorcio entre los objetivos declamados, las formas arbitrarias de aplicación y los resultados finales.
Es evidente que, a tres años de su promulgación, esta nueva ley, lejos de haber generando diversidad y una regulación federal y plural, sólo abrió la puerta a la discrecionalidad, a la presión mediante amenazas y ataques sobre la tarea de los periodistas y de los medios y a la concentración del aparato propagandístico oficial.
Lo que anima al Gobierno no es la pluralidad de voces, sino el control de contenidos con comisarios políticos.
Algunos medios, entre ellos Clarín, han entendido que la aplicación de la ley de medios afecta sus derechos y es legítimo que hayan concurrido a la justicia para resolver la controversia. Deben ser los jueces probos quienes, con libertad, independencia de criterio y ajustándose a derecho, logren dirimir estas cuestiones ponderando todos los intereses en juego.
En este contexto los expertos en derecho constitucional indican que hay tres escenarios posibles respecto a lo que podría ocurrir el próximo 7 de diciembre: que antes de la fecha se dicte sentencia definitiva sobre el juicio de fondo; que se renueve la medida cautelar vigente en tanto y en cuanto existan nuevos elementos que la justifiquen o que se ordene el levantamiento de la cautelar que protege a Clarín y comience a contabilizarse el año que la ley prevé como plazo para que la empresa venda o negocie los medios que no se adecuan a los términos legales.
La aplicación de la ley de medios no afecta los intereses de la empresa que edita este diario. Pero no por ello debemos dejar de señalar que la implementación de algunas de sus disposiciones constituye un quiebre en el legitimo proceso de gestión de la libertad de expresión, la cual opera como un reaseguro para el disfrute de otros derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Contra el abuso de poder, nuestros lectores y la sociedad sólo pueden esperar que desde El Cronista Comercial continuemos haciendo lo que sabemos hacer: ejercer más y mejor periodismo. Con libertad y la responsabilidad indelegable de reconocer y asumir los eventuales errores.
Siempre con el objetivo de ofrecer una visión más completa, acabada y diversa de los hechos. Como hace 104 años.
Fuente. http://www.cronista.com/
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