En plena fiebre del Mundial se conoció la noticia de que las bibliotecas habían perdido un porcentaje del IVA a la telefonía celular, que se les había asignado por ley para financiar su dotación e infraestructura. El representante Carlos Alberto Zuluaga argumentó que se afectaban los recursos asignados al deporte y ganó el pulso en la Cámara. Esta rapiña de pobres creó un falso dilema en la opinión -deporte versus bibliotecas-, pero la discusión de fondo no es cuál cenicienta se queda sin la plata, sino cuál es la importancia de una Red de Bibliotecas Públicas y de un Plan de Lectura en nuestro Estado Social de Derecho.
Para dar contexto a la discusión, conviene recordar que hace cinco meses se aprobó la Ley 1379, del 15 de enero del 2010, cuyo objeto es "definir la política de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas". La Ley marcaba un cambio de paradigma frente a esa concepción, aún arraigada en nuestra cultura, de la biblioteca como una dádiva o un lujo, a merced de la generosidad de los mecenas o de la buena voluntad de ciertos gobernantes. Al definirla como "servicio esencial y obligatorio" y al integrarla a la política cultural y al desarrollo económico y social del país, el acceso a la información y a la lectura se convertía en política de Estado. "Todas las comunidades del territorio nacional tienen derecho a los servicios bibliotecarios y, con ellos, a la lectura, la información y el conocimiento", señaló la Ley, al introducir el concepto de derecho, en contraposición al de favor.
Garantizar ese derecho implicaba prever recursos fijos y fuentes autónomas de financiación que aseguraran la sostenibilidad de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Sin embargo, lo que se firmó en enero, en junio se quedó sin piso y la Ley 1379 puede volverse letra muerta. La meta de dotar el 100 por ciento de los municipios con una biblioteca queda también en entredicho, pues no basta con inaugurar bibliotecas, sino que hay que mantenerlas vivas y actualizarlas permanentemente. Cuando la Ministra de Cultura corte la cinta en la última biblioteca del último de los 300 municipios que no tenían, ¿cómo se garantizará la formación de bibliotecarios, la actualización de colecciones, el acceso a Internet, el trabajo con el público y los estándares mínimos que la misma Ley estableció?
Lo que está en juego es el concepto de biblioteca como bien público y como pilar del desarrollo humano, en tanto que garantiza a todos el acceso a la información: a cotejarla, compartirla y renovarla, y la participación en la vida social, simbólica y cultural.
Para dar contexto a la discusión, conviene recordar que hace cinco meses se aprobó la Ley 1379, del 15 de enero del 2010, cuyo objeto es "definir la política de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas". La Ley marcaba un cambio de paradigma frente a esa concepción, aún arraigada en nuestra cultura, de la biblioteca como una dádiva o un lujo, a merced de la generosidad de los mecenas o de la buena voluntad de ciertos gobernantes. Al definirla como "servicio esencial y obligatorio" y al integrarla a la política cultural y al desarrollo económico y social del país, el acceso a la información y a la lectura se convertía en política de Estado. "Todas las comunidades del territorio nacional tienen derecho a los servicios bibliotecarios y, con ellos, a la lectura, la información y el conocimiento", señaló la Ley, al introducir el concepto de derecho, en contraposición al de favor.
Garantizar ese derecho implicaba prever recursos fijos y fuentes autónomas de financiación que aseguraran la sostenibilidad de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Sin embargo, lo que se firmó en enero, en junio se quedó sin piso y la Ley 1379 puede volverse letra muerta. La meta de dotar el 100 por ciento de los municipios con una biblioteca queda también en entredicho, pues no basta con inaugurar bibliotecas, sino que hay que mantenerlas vivas y actualizarlas permanentemente. Cuando la Ministra de Cultura corte la cinta en la última biblioteca del último de los 300 municipios que no tenían, ¿cómo se garantizará la formación de bibliotecarios, la actualización de colecciones, el acceso a Internet, el trabajo con el público y los estándares mínimos que la misma Ley estableció?
Lo que está en juego es el concepto de biblioteca como bien público y como pilar del desarrollo humano, en tanto que garantiza a todos el acceso a la información: a cotejarla, compartirla y renovarla, y la participación en la vida social, simbólica y cultural.
Si el mundo contemporáneo se concibe como "la Sociedad de la Información y del Conocimiento", democratizar el acceso a la información y hacer posibles la construcción del conocimiento, la relación con la cultura y la educación continua son condiciones básicas para ganarse la vida y ejercer una ciudadanía crítica.
Hoy, una biblioteca es un sistema que permite la circulación de todo tipo de textos, en múltiples soportes, para hacer posible -o, incluso, para generar- la necesidad de informarse y de formarse, tan esencial como el techo, la salud o la comida. En un país tan inequitativo como Colombia, en donde la mera alfabetización no se traduce en un manejo, siquiera funcional, de la cultura escrita, las bibliotecas garantizan a todos este derecho que ahora mismo estamos ejerciendo usted y yo: el de usar símbolos para construir, compartir, discutir y enriquecer nuestras ideas.
El pulso que tenemos que ganar para las bibliotecas tiene que ver con un proyecto de país, y en nuestra Constitución están las bases. Se trata de la pregunta recurrente: ¿la educación, el conocimiento y el desarrollo humano para todos, o solo para la minoría que puede comprar libros, computadores e Internet? O, dicho de otra forma, la inequidad de siempre versus el derecho a ser parte de este foro de lenguaje, que no solo constituye la esencia de la ciudadanía, sino que ofrece las herramientas para inventar y transformar la propia vida.
El pulso que tenemos que ganar para las bibliotecas tiene que ver con un proyecto de país, y en nuestra Constitución están las bases. Se trata de la pregunta recurrente: ¿la educación, el conocimiento y el desarrollo humano para todos, o solo para la minoría que puede comprar libros, computadores e Internet? O, dicho de otra forma, la inequidad de siempre versus el derecho a ser parte de este foro de lenguaje, que no solo constituye la esencia de la ciudadanía, sino que ofrece las herramientas para inventar y transformar la propia vida.
Publicado en Biblioeib biblioeib@gruposyahoo.com
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