Por qué la Argentina es hoy un país conflictivo y frustrado? Quizá porque sus dirigentes manipulan instituciones y no saben cómo asegurar el bienestar de los ciudadanos. El cúmulo de conflictos políticos y sociales que experimenta nuestra sociedad indica problemas sustanciales de gobernabilidad que merecen reflexión.
Las sociedades verdaderamente democráticas no son sólo las que poseen elecciones periódicas sino las que no aceptan restricción a las libertades ni grandes desigualdades y por ende son exigentes con quienes las gobiernan. Pero las democracias no necesariamente derivan en sociedades avanzadas sino que pueden transformarse en fuertemente conflictivas y decadentes cuando la complejidad que implica gobernarlas no es entendida o tomada en cuenta por sus dirigentes; este es el caso de la Argentina.
Los procesos políticos experimentados en el siglo XX con el surgimiento del radicalismo primero y del peronismo después introdujeron una valoración de la libertad y de la igualdad sin precedentes en Latinoamérica. En relación con la libertad, los intentos autoritarios a la que una y otra vez la Argentina fue sometida, aun los más sanguinarios, no lograron el disciplinamiento social buscado y acabaron estrellados contra la resistencia de clases medias y sectores populares, a diferencia de lo que sucedió con otras dictaduras latinoamericanas.
Y en relación a la igualdad, el maltrato a los de "abajo" no está exento de costos como sucede en ciertos países asiáticos o aun latinoamericanos donde éstos aceptan resignados su rol subordinado en la sociedad; no sólo las clases medias sino también los sectores populares argentinos miran a los ojos a quienes tienen más poder o dinero y no bajan la cabeza fácilmente frente a ellos aunque se los quiera controlar con prácticas clientelares. Existe por lo tanto una mayor resistencia a la prepotencia de quienes detentan poder.
¿Por qué, entonces, la Argentina no evolucionó para convertirse en una sociedad moderna y avanzada y acabó en una sociedad conflictiva, frustrada y resentida? Entre las varias razones que pueden explicar este fenómeno hay dos que me parecen centrales: la manipulación de las reglas de juego e instituciones que exhibieron las elites argentinas en períodos autoritarios, pero también en aquellos democráticos como los noventa y en los años recientes, y la incapacidad que ellas tuvieron para brindar una adecuada calidad de vida a los ciudadanos.
Veamos: una sociedad democrática y por lo tanto compleja no puede funcionar sin reglas de juego aceptadas y sin instituciones que las hagan valer. Cuando las reglas de juego son manoseadas impúdicamente por quienes deben hacerlas cumplir, generan la noción de que ellas no están para regular la vida en sociedad sino para satisfacer el interés de los poderosos. Por ello, la presencia de elites manipuladoras y transgresoras derivó en acostumbramiento social a sus conductas con la consecuente ilegitimidad tanto de los dirigentes como de las propias reglas de juego y favoreció que los comportamientos transgresores fueran desarrollándose como características de un amplio sector de la población: "¿si ellos lo hacen por qué nosotros no?", pareció ser el razonamiento.
Por otra parte, la ausencia de respuestas gubernamentales a la calidad de vida de los ciudadanos generó frustración y resentimiento; los ciudadanos de una verdadera democracia no viajan como ganado o moran en pocilgas.
Aquí radica entonces un problema central de la Argentina: el rechazo a la opresión y el igualitarismo se han combinado no en forma virtuosa sino de manera patológica, ya que ambas características han deslegitimado instituciones, jerarquías y reglas de juego que son trasgredidas sin remordimiento alguno, no sólo por los de "arriba" sino también por los de "abajo". Nuestra impronta democrática que derribó dictaduras derivó entonces en una suerte de ley de la selva donde muchos se sienten con derecho a hacer lo que le plazca aunque afecten derechos de otros.
Si la gobernabilidad de una sociedad democrática es compleja, más lo es la de una sociedad como la nuestra. Será imposible entonces convertirnos en una sociedad avanzada sin cambiar el rumbo sustancialmente y para ello será necesario, en primerísimo lugar, la exigencia de conducta republicana de quienes gobiernan. El respeto absoluto a las normas por parte de ellos es el ejemplo que la sociedad precisa para modificar su propia conducta transgresora. El castigo al comportamiento no ético o ilegal de los dirigentes debe ser ejemplar para que la sanción de las transgresiones de los ciudadanos tenga perfume a justicia y no a represión.
Pero, además, por ser una sociedad que valora la igualdad, no habrá paz ni seguridad si no se comprende que los de "abajo" no van a tolerar niveles crecientes de desigualdad. Un precio alto habrá que pagar para elevar sustantivamente el nivel de vida de las mayorías. Para ello hay que pensar más en un Estado de Bienestar a la europea que a un clientelismo a la latinoamericana, del que nos hemos convertido en abanderados.
Por último, una sociedad moderna y avanzada no será posible sin un Estado capaz de actuar en la construcción del bienestar, de garantizar la vida y seguridad de las personas y de administrar justicia. Esto implica una burocracia profesional, fuerzas policiales modernas y justicia eficaz. Una agenda de políticas de Estado debería dar prioridad a estos temas.
Las sociedades verdaderamente democráticas no son sólo las que poseen elecciones periódicas sino las que no aceptan restricción a las libertades ni grandes desigualdades y por ende son exigentes con quienes las gobiernan. Pero las democracias no necesariamente derivan en sociedades avanzadas sino que pueden transformarse en fuertemente conflictivas y decadentes cuando la complejidad que implica gobernarlas no es entendida o tomada en cuenta por sus dirigentes; este es el caso de la Argentina.
Los procesos políticos experimentados en el siglo XX con el surgimiento del radicalismo primero y del peronismo después introdujeron una valoración de la libertad y de la igualdad sin precedentes en Latinoamérica. En relación con la libertad, los intentos autoritarios a la que una y otra vez la Argentina fue sometida, aun los más sanguinarios, no lograron el disciplinamiento social buscado y acabaron estrellados contra la resistencia de clases medias y sectores populares, a diferencia de lo que sucedió con otras dictaduras latinoamericanas.
Y en relación a la igualdad, el maltrato a los de "abajo" no está exento de costos como sucede en ciertos países asiáticos o aun latinoamericanos donde éstos aceptan resignados su rol subordinado en la sociedad; no sólo las clases medias sino también los sectores populares argentinos miran a los ojos a quienes tienen más poder o dinero y no bajan la cabeza fácilmente frente a ellos aunque se los quiera controlar con prácticas clientelares. Existe por lo tanto una mayor resistencia a la prepotencia de quienes detentan poder.
¿Por qué, entonces, la Argentina no evolucionó para convertirse en una sociedad moderna y avanzada y acabó en una sociedad conflictiva, frustrada y resentida? Entre las varias razones que pueden explicar este fenómeno hay dos que me parecen centrales: la manipulación de las reglas de juego e instituciones que exhibieron las elites argentinas en períodos autoritarios, pero también en aquellos democráticos como los noventa y en los años recientes, y la incapacidad que ellas tuvieron para brindar una adecuada calidad de vida a los ciudadanos.
Veamos: una sociedad democrática y por lo tanto compleja no puede funcionar sin reglas de juego aceptadas y sin instituciones que las hagan valer. Cuando las reglas de juego son manoseadas impúdicamente por quienes deben hacerlas cumplir, generan la noción de que ellas no están para regular la vida en sociedad sino para satisfacer el interés de los poderosos. Por ello, la presencia de elites manipuladoras y transgresoras derivó en acostumbramiento social a sus conductas con la consecuente ilegitimidad tanto de los dirigentes como de las propias reglas de juego y favoreció que los comportamientos transgresores fueran desarrollándose como características de un amplio sector de la población: "¿si ellos lo hacen por qué nosotros no?", pareció ser el razonamiento.
Por otra parte, la ausencia de respuestas gubernamentales a la calidad de vida de los ciudadanos generó frustración y resentimiento; los ciudadanos de una verdadera democracia no viajan como ganado o moran en pocilgas.
Aquí radica entonces un problema central de la Argentina: el rechazo a la opresión y el igualitarismo se han combinado no en forma virtuosa sino de manera patológica, ya que ambas características han deslegitimado instituciones, jerarquías y reglas de juego que son trasgredidas sin remordimiento alguno, no sólo por los de "arriba" sino también por los de "abajo". Nuestra impronta democrática que derribó dictaduras derivó entonces en una suerte de ley de la selva donde muchos se sienten con derecho a hacer lo que le plazca aunque afecten derechos de otros.
Si la gobernabilidad de una sociedad democrática es compleja, más lo es la de una sociedad como la nuestra. Será imposible entonces convertirnos en una sociedad avanzada sin cambiar el rumbo sustancialmente y para ello será necesario, en primerísimo lugar, la exigencia de conducta republicana de quienes gobiernan. El respeto absoluto a las normas por parte de ellos es el ejemplo que la sociedad precisa para modificar su propia conducta transgresora. El castigo al comportamiento no ético o ilegal de los dirigentes debe ser ejemplar para que la sanción de las transgresiones de los ciudadanos tenga perfume a justicia y no a represión.
Pero, además, por ser una sociedad que valora la igualdad, no habrá paz ni seguridad si no se comprende que los de "abajo" no van a tolerar niveles crecientes de desigualdad. Un precio alto habrá que pagar para elevar sustantivamente el nivel de vida de las mayorías. Para ello hay que pensar más en un Estado de Bienestar a la europea que a un clientelismo a la latinoamericana, del que nos hemos convertido en abanderados.
Por último, una sociedad moderna y avanzada no será posible sin un Estado capaz de actuar en la construcción del bienestar, de garantizar la vida y seguridad de las personas y de administrar justicia. Esto implica una burocracia profesional, fuerzas policiales modernas y justicia eficaz. Una agenda de políticas de Estado debería dar prioridad a estos temas.
Por: Aldo Isuani: SOCIOLOGO, PROFESOR UBA/UDESA, INVESTIGADOR CONICET.
No hay comentarios:
Publicar un comentario