No es eso lo
que sufre la isla por parte de EE.UU., sino un embargo; luego de 62 años del
ascenso al poder de Castro, Alberto Fernández aún no logra desentrañar lo que
allí sucede
Luego de 62 años del
ascenso al poder de Fidel Castro, Alberto
Fernández aún no logra desentrañar lo que sucede en la isla. Es curioso que el mandatario, que suele hacer
declaraciones filosas sobre casos de uso legal de la fuerza y de violencia
institucional en países democráticos como Chile o Colombia, no pueda formarse una opinión respecto de
las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y
Cuba. Reciente
converso y férreo defensor de la teoría del lawfare, tampoco hizo comentarios
respecto de la persecución a las principales figuras de la oposición boliviana,
incluida la expresidenta Jeanine Áñez, que lleva cuatro meses en prisión.
A pesar de su confeso
desconocimiento, Fernández siguió una vez más los lineamientos de su colega
Andrés Manuel López Obrador, que, ratificando la tradición mexicana de no
intervenir en los asuntos internos de otros países (y de peculiar
condescendencia con el régimen castrista) exigió el fin del denominado
“bloqueo”: una muletilla marketinera de quienes apoyan al régimen castrista y
son críticos de la postura norteamericana. Lo que sufre Cuba es un embargo por
parte de EE.UU., de ninguna manera un bloqueo. Según el diccionario de
la Real Academia Española, “embargar” significa prohibir, por decreto de un
gobierno, el comercio y el transporte de armas u otros efectos útiles para la
guerra; “bloquear” implica realizar una operación militar o naval consistente
en cortar comunicaciones de un puerto, un territorio o un ejército.
Desde 1992, con el fin de
la Guerra Fría, la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncia de
forma abrumadora en contra del embargo impuesto sobre la isla –la última vez,
el 9 de junio pasado–. Es cierto que la traducción al español del documento
oficial utiliza, erróneamente, “bloqueo”, pero EE.UU. impone sanciones
comerciales y financieras que implican que personas físicas o jurídicas
norteamericanas están impedidas de interactuar con pares cubanos.
La medida fue impuesta
por la administración Eisenhower al ya debilitado dictador Fulgencio Batista
con foco en la venta de armas a mediados de 1958, en señal de apoyo a los
jóvenes barbudos que lo desafiaban. Luego del triunfo castrista se profundizó
debido a una serie de expropiaciones sin compensaciones que afectaron a empresas
norteamericanas, lo que derivó en su extensión al petróleo. El gobierno
revolucionario decidió importarlo de la URSS y confiscó las refinerías, de
propietarios norteamericanos, que se negaban a procesarlo para no violar las
sanciones impuestas por Washington. El conflicto escaló en el contexto de la
confrontación este/oeste hasta incluir dos episodios de enorme relevancia: la
frustrada invasión a Bahía de los Cochinos (abril de 1961, con JFK en el poder)
y la “Crisis de los misiles” (octubre de 1962), en la que hubo desplazamiento
de naves durante unas dos semanas.
En febrero de ese año el
embargo se había ampliado significativamente. A partir de julio de 1963 se
prohibieron los viajes de estadounidenses a la isla. En 1966, Lyndon Johnson
facilitó el asilo de cubanos en los EE.UU. Se estima que en los últimos 62
años, 1,4 millones de isleños se convirtieron en residentes legales con rápido
acceso a la ciudadanía. Junto con sus descendientes y familiares, conforman una
comunidad de enorme influencia económica, política y cultural, fundamentalmente
en Florida, un swing state clave que aporta 29 votos al colegio electoral.
Durante la administración Carter, luego de un intento fallido de distensión con
el régimen castrista, la crisis de los “Marielitos” fue determinante para el
apabullante triunfo de Reagan. Poco
después, EE. UU .designó a Cuba como un Estado que apoyaba el terrorismo, por
su involucramiento directo en el entrenamiento y financiamiento de grupos
guerrilleros en países como Angola, El Salvador, Guatemala o Nicaragua.
Tras el colapso de la
URSS, muchos asumieron una caída inminente del régimen castrista, lo que derivó
en un refuerzo del embargo en 1992 (con el Cuban Democracy Act) por parte de
George Bush, que ganó en Florida en diciembre de ese año por muy escaso margen
en los comicios en los que Clinton fue ungido presidente. El flujo de
refugiados aumentó durante el “período especial”, la crisis que puso en
evidencia la dependencia que la economía cubana tenía respecto de la URSS. En
1996, la polémica ley Helms-Burton pretendió profundizarlo, impidiendo a
empresas de terceros países que mantuvieran vínculos con la isla hacer negocios
con pares de EE.UU., lo que generó tensiones con aliados y tuvo poco impacto
real, a tal punto que Canadá, integrante del Nafta, es el principal socio
comercial de Cuba. A comienzos de siglo, Hugo Chávez se alió con los Castro,
reemplazando parcialmente el papel que habían jugado los soviéticos y
revitalizando las ideas antiimperialistas y antinorteamericanas en el contexto
del socialismo del siglo XXI.
A poco de asumir en 2009,
Obama pretendió reinventar las relaciones bilaterales, mitigando las
restricciones a los viajes y a las transferencias de dinero a familiares. Y
abogó para que la OEA, que la había expulsado en 1962, invitara a Cuba a
reingresar, pero este país declinó, incapaz de cumplir con los requisitos de la
Carta Democrática que rige en la organización, apostando por mecanismos de
integración regional alternativos, como la Celac. En 2014, ambos países anunciaron
el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas y al año siguiente Cuba
fue eliminada de la lista de promotores del terrorismo y se reabrieron las
embajadas. En 2016, Obama hizo una histórica visita antes de venir a Buenos
Aires y firmó un acuerdo para permitir vuelos comerciales por primera vez en
medio siglo. El triunfo de Trump, que venció en Florida a Hillary Clinton,
reimpuso restricciones hasta que Cuba liberase a los presos políticos,
legalizara a los partidos opositores, honrase la libertad de expresión y
convocara a elecciones libres. Esto provocó lo contrario: un reforzamiento de
los mecanismos represivos en un contexto de honda crisis económica y social,
agravada por el fracaso del chavismo.
Los demócratas parecen
haber aprendido la lección: la administración Biden, al igual que la Unión
Europea, instó a Díaz-Canel a que respete el derecho de la población a
expresarse libremente. Pero las notables movilizaciones en Miami, donde el
miércoles hubo más de 15.000 personas, representan un desafío mayúsculo. El
senador Marco Rubio, que buscará su reelección el año próximo, prometió
satélites para que los cubanos puedan acceder a internet y continuar así
comunicándose y mostrándole al mundo las atrocidades cotidianas que el régimen
comete a diario. EE.UU. vende alimentos y medicamentos equivalentes a 200
millones de dólares mensuales, pero exige el pago en efectivo. El embargo
continúa: en Cuba el comercio exterior es monopolizado por el Estado, cuyos
burócratas se apropian de los recursos para sojuzgar a la población. En particular, por dos individuos: Alejandro Castro
Espin, quien maneja además a las FF.AA., y Luis Alberto López Callejas, titular
de la empresa Gaesa, hijo y yerno de Raúl Castro, respectivamente.
Fernández cae en una
nueva contradicción al condenar las sanciones a Cuba mientras unilateralmente
limita las exportaciones de carne y las importaciones de miles de productos por
la escasez de divisas; encima pretende que el Mercosur acompañe ese
intervencionismo extremo, a pesar de las preferencias del resto de sus
integrantes. Más
grave es que el Presidente empañe aún más el compromiso del país con los
derechos humanos, el principal logro en estos complejos 38 años de vida
democrática.
** (c) Sergio Berensztein
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