Procesaron
a CFK [ en total 18 imputados] por asociación ilícita y lavado
“Jefes de una banda" organizada para la
“devolución o retorno" que
"se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta
empresa", fueron las palabras que eligió el juez Claudio Bonadio para
procesar a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia por "asociación
ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles" en la causa Los Sauces SA. El embargo trabado fue de $
130 millones para la ex
mandataria y el diputado y líder de La Cámpora, mientras que a su hija menor se
le fijó en $ 100 millones la cifra a embargarle. El procesamiento
que incluyó a 18 imputados, entre ellos los empresarios K Lázaro Báez y
Cristóbal López, principales inquilinos de la inmobiliaria, y a Osvaldo
Sanfelice -mano derecha los Kirchner-. El magistrado que pidió que la causa
siga siendo investigada por su par Julián Ercolini -que procesó a Cristina por
asociación ilícita-, determinó que ninguno de los procesados salga del
país.
Mientras Cristina Kirchner sumó su tercer
procesamiento, por primera vez la Justicia avanzó sobre sus
hijos procesándolos en una causa por corrupción. Máximo Kirchner,
director y dueño del 32,5% de las acciones de la inmobiliaria, fue señalado por
Bonadio como responsable de realizar muchas de las operaciones
"sin documental correspondiente" y junto a sus padres, crear Los Sauces SA para “canalizar
dinero ilegítimo”
En este entramado societario, el juez consideró
que Florencia Kirchner (22,5% de las acciones) cumplió un “rol
preponderante” tras
el fallecimiento de su padre, cuando ingresó a la firma, con "poder
decisión" en la empresa. Sin embargo, Bonadio consignó que "no se sabe cuáles son sus tareas, como
miembro del directorio o empleada, ni porque cobra un sueldo como empleada cuando claramente
no desempeña labores para la sociedad". En 17 meses ganó más
de un millón de pesos como gerente.
El juez de la causa, que inició con la denuncia
de la diputada Margarita Stolbizer (GEN), sostuvo que todo "fue
pergeñado por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner" y que junto
a Florencia después de 2010, se convirtieron en "jefes de una banda"
que “impartían las directivas de la organización delictiva”, para percibir
dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita" y que la “devolución o retorno" se realizaban según el
extenso fallo, mediante “contratos de alquiler" con Báez y
López junto a su socio Fabián De Sousa, que
representaron el 86 % de la facturación: garantizaron a los Kirchner más de $ 25 millones entre 2009 y 2015.
La Justicia consideró que Los Sauces creada en
2006, nunca tuvo la intención de funcionar
comercialmente, sino dedicarse "al cobro de retornos". "No tenía sede social ni empleados, sólo Ramón Ángel
Díaz Díaz, jardinero de la casa de la ex Presidenta", consigna el fallo
Preso hace un año, Báez sumó su cuarto
procesamiento y un embargo de $ 130 millones. Sus hijos Martín,
Luciana y Leandro también fueron procesados como parte de una asociación ilícita. Los embargos
fueron de $ 20 millones para Martín y $ 10 millones para sus hermanos. El
procesamiento también se ordenó sobre López y De Sousa bajo la misma figura con
un embargo de $ 100 millones cada uno.
La figura de "negocios incompatibles"
se argumentó en base a la relación de los inquilinos principales, con el Estado
Nacional mientras los Kirchner fueron la máxima autoridad del país. En el caso
de Báez, recibió 52 contratos viales ($21.600 millones). López por su lado,
obtuvo la prórroga por diez años más, antes de vencer, la concesión de los
tragamonedas del Hipódromo. "El
pago a semejante favor fue en alquileres, más caros e innecesarios, dada la cantidad de propiedades que ostenta el grupo en su conjunto
y los valores que surgen de otros alquileres en el mismo complejo y de la
tasación efectuada", concluyó Bonadio. El dueño de Indalo alquila un
dúplex, un piso y siete cocheras de Madero Center por $ 560.000 por mes.
Un hombre de confianza de Cristina, Osvaldo Sanfelice también
fue procesado con un embargo de $ 130 millones. Con Idea SA gerencia La Aldea
hotel de la inmobiliaria, mientras que con Negocios Patagónicos vendió a Los
Sauces el chalet de Río Gallegos, donde reside Cristina Kirchner, operación sospechada de lavado de activos.
El
listado de los 21 procesados -a los que se
les prohibió la salida del país-, incluyó a Romina Mercado
-sobrina de la ex Presidenta-, a los cuatro escribanos participantes en las
operaciones; al contador Víctor Manzanares-, a apoderados de las empresas de
Báez y a su contador Claudio Bustos.
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