El ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina causó 85 muertos y 300 heridos.
El lunes 19, los argentinos despertamos con la noticia de que el fiscal Nisman, quien días antes había acusado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller [ministro de Exteriores] Héctor Timerman de encubrimiento del atentado a la AMIA, estaba muerto de un balazo en la sien. El impacto de la noticia continúa retumbando en la cabeza de los argentinos. La muerte del fiscal es sólo el último capítulo en la novela de impunidad iniciada hace más de dos décadas. Como en las novelas policiales, la investigación se concentra hoy en las pruebas de restos de pólvora, huellas digitales y llamadas telefónicas. Pero sin un entendimiento completo de los hechos que comienzan hace más de dos décadas, es imposible comprender la gravedad de la situación actual.El 17 de marzo de 1992, un ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina causó 29 muertos y 242 heridos. Si bien se realizaron numerosas investigaciones, el caso continúa en la impunidad. La hipótesis principal es que el grupo libanés Hezbolá estuvo detrás del ataque.
La bomba en la embajada y la impunidad que la acompañó sembraron el terreno para que dos años mas tarde, el 18 de julio de 1994, otra bomba, esta vez en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), matase a 85 personas. La investigación judicial estuvo desde un comienzo plagada de graves irregularidades, en donde las huellas supuestamente secretas del Servicio de Inteligencia argentino se vislumbran a cada paso. El informe del doctor Claudio Grossman, observador del juicio en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no deja ninguna duda. Apenas iniciada la investigación, el juez de la causa, Juan José Galeano, presionó a la persona identificada de haber entregado la camioneta con 300 kilos de dinamita que derrumbó el edificio de la AMIA, para que identificase como responsables a policías de la provincia de Buenos Aires, ignorando otras líneas de investigación. A partir de ahí, todo el resto de la prueba quedó seriamente contaminada. En el encubrimiento y la implantación de prueba falsa, participaron varios funcionarios del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo, todos guiados por la mano del Servicio de Inteligencia.
Las flagrantes irregularidades culminaron con la decisión de apartar al juez de la causa, declarar nulo prácticamente todo lo actuado hasta ese momento y absolver a todos los acusados. Con esta decisión, más de 10 años después del atentado, se ponía en evidencia que el Estado argentino en su conjunto, en lugar de buscar la verdad sobre los hechos, solo buscó engañar a toda la sociedad argentina, y en particular a las víctimas de la AMIA.
En septiembre de 2004, se nombra al fiscal Alberto Nisman a cargo de la investigación, y se inicia un nuevo proceso. Poco más de un año después, el fiscal acusa a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo. En base a la solicitud de Argentina, Interpol emitió peticiones de captura para cinco iraníes involucrados en el atentado. Entre las solicitudes de detención se encontraban ministros, diplomáticos y militares de alto rango. Las solicitudes no lograron ningún resultado y frente a la imposibilidad de interrogar a los imputados, y al no existir el juicio en ausencia en Argentina, no hubo más avances significativos en la investigación.
Según declararon los exministros de Exteriores Bielsa y Taiana, tras la decisión del fiscal Nisman, Irán intentó reiteradamente buscar un acercamiento para alcanzar una solución política en la justicia argentina, además de promesas de mejora en la relación comercial. Ambos exministros rechazaron las propuestas de Irán.
Las tentativas de negociación que se frenaban ante la intransigencia de Bielsa y Taiana, encontraron en Timerman un interlocutor más flexible. En marzo de 2011, el periodista Pepe Eliaschev denunció la existencia de un pacto secreto entre Argentina e Irán. Las graves acusaciones que brotaron desde el Gobierno contra el periodista se dieron de bruces contra el suelo menos de dos años después, cuando la presidenta anunció por Twitter la firma de un "histórico" acuerdo de nueve páginas con Irán para crear una Comisión de la Verdad y facilitar las declaraciones en Irán de los acusados.
Frente a la avalancha de críticas, el Gobierno insistió en que no hubo negociación secreta, más allá de buscar avanzar en la búsqueda de justicia. El discurso del Gobierno, repetido estoicamente por sus acólitos seguidores, sufrió un duro golpe el 14 de enero con la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta y el canciller acusándolos de encubrir el atentado a la AMIA.
En cuestión de horas, irresponsablemente, con poca información, el Gobierno salió a sostener la teoría del suicidio. Pero tras un par de días en los que nueva información no favorecía dicha teoría, la presidenta modificó su opinión inicial y descartó el suicidio. En una muestra clara de un verticalismo irracional, sus seguidores, algunos de ellos sin poder ocultar una vergüenza que los acompañará de por vida, repetían automáticamente las palabras de la presidenta.
Las pruebas de Nisman deberán ser evaluadas ante los tribunales, ante la sociedad no parece necesario. Ya no existen dudas de que la negociación informal existió a espaldas de las víctimas y del pueblo argentino, comprometiendo los logros que se habían alcanzado en la justicia Argentina.
La historia de la AMIA es la historia de la desidia de un Estado y sus gobiernos. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, le sumó traición a la desidia. En derechos humanos lo principal deben ser siempre las víctimas y las medidas para que las violaciones no se repitan. El Estado argentino por más de dos décadas ha ignorado a las víctimas de la AMIA y ha creado un manto de impunidad que facilita la repetición de violaciones. Mientras no haya justicia por uno de los más graves actos terroristas de América Latina, el eco del estallido continuará cobrándose más víctimas.
# Santiago A.
Canton es director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights y exsecretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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