El proyecto, con media sanción, agrava a niveles sin precedentes los
castigos para ese tipo de delitos. La norma pasó a Diputados, que le daría un
trámite urgente. El ataque a la corrupción fue un reclamo de las movilizaciones.
Con el trasfondo de las conmocionantes
marchas juveniles por las calles de Brasil, el Senado apuró el paso y le dio
media sanción al proyecto que convierte la corrupción
en “delito hediondo”, un término que implica que se equipara a los
corruptos con quienes comenten homicidio calificado o estupro. La presidenta
Dilma Rousseff había pedido, el lunes, celeridad al Congreso federal para la
aprobación de esa norma, que tendrá como consecuencias penas
extraordinariamente más pesadas que las contempladas hasta ahora por el Código
Penal.
La legislación,
que pasó a la Cámara de Diputados donde se espera que sea aprobada
inmediatamente y sin revisión, aumenta el castigo a esta clase de delitos, que
pasa a ser considerado como del universo de los de mayor gravedad.
De este modo y
cuando sea promulgada la polémica norma los cambios serán radicales: *
Quedará imposibilitada la concesión de la libertad condicional al reo * No se
admitirá el pago de fianza * Se vedará la concesión de amnistía por parte del
Poder Ejecutivo * Quedará restringido, además, el acceso a los bienes
personales por parte del reo.
El martes último
el presidente del Senado Renán Calheiros, del Partido del Movimiento
Democrático (PMDB) había declarado que ese cuerpo iría a tratar “una agenda
positiva”, destinada a atender las reivindicaciones que surgían de las
manifestaciones. El senador Alvaro Días, relator del proyecto, incluyó además
dentro del delito hediondo a la malversación de fondos públicos.
Según los
especialistas, se califica como “delitos hediondos” a aquellos considerados de
alto potencial ofensivo a la sociedad y “de gravedad acentuada”. Dentro del
proyecto que salió del Senado se incluye, también, el delito de extorsión; es
decir, de recepción de dinero por el funcionario público a cambio de otorgar
ventajas.
Esta iniciativa,
que se votó 48 horas después de la demanda de la presidenta Rousseff,
literalmente “dormía” cajoneada en el Congreso desde hace dos años.
El proyecto,
elaborado por el senador Pedro Taques, del Partido Democrático Laborista (PDT)
respondió al pedido hecho por la jefa de Estado durante el encuentro con
gobernadores e intendentes en Brasilia.
Según el senador
Taques “no es posible identificar a las víctimas fatales de la corrupción”.
Pero, subrayó, “esta mata a las personas en las puertas de los hospitales,
en las rutas mal hechas”.
El legislador
admitió también que “el Senado trabaja más rápido en función de las protestas.
Tengo conciencia que no es un proyecto que va a resolver todos los males de
Brasil, pero es un instrumento en el combate a la corrupción muy importante”.
Dicho de otro modo, ante la severidad del castigo que tendrá un mínimo de
cuatro años y un máximo de 14 de prisión, sin derecho a la fianza ni a la
reducción de la pena, representa un alerta.
El Senado,
además, suspendió el receso legislativo y tratará a marcha forzada otros 17
proyectos.
Por Eleonora Gosman
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