La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue una comisión asesora creada por el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado de entre 1976 y 1983, llevadas a cabo por la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional. No fue instituida para juzgar sino para indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. La comisión recibió varios miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país.
La comisión fue conformada con personalidades reconocidas y respetadas del país, de distintos ámbitos del conocimiento. Además de los secretarios mencionados en la ficha del artículo, fueron sus miembros:
Ernesto Sabato, un reconocido escritor y físico progresista. Fue elegido presidente de la comisión por el resto de sus miembros.
Ricardo Colombres, abogado y ex rector de la Universidad de Buenos Aires.
René Favaloro, respetado médico y creador del baipás coronario. Renunció en desacuerdo a que la comisión no estuviese facultada a investigar los crímenes de la Triple A.
Hilario Fernández Long, maestro e ingeniero. Decano de la Facultad de Ingeniería y llegó a ser rector de la UBA.
Carlos T. Gattinoni, obispo de la Iglesia Metodista Argentina, fuertemente involucrado en movimientos de derechos humanos.
Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, considerado uno de los mayores especialistas enepistemología.
Marshall Meyer, rabino estadounidense, ciudadano argentino y fundador del Seminario Rabínico Latinoamericano, activo militante de los derechos humanos y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos.
Jaime de Nevares, monseñor y activo defensor de los derechos humanos y del estado de derecho.
Eduardo Rabossi, filósofo radical y activo militante de los derechos humanos.
Magdalena Ruiz Guiñazú, reconocida periodista y la primera en poner al aire a las Madres de Plaza de Mayo en un programa radial.
Santiago Marcelino López, diputado radical en representación del Congreso.
Hugo Diógenes Piucill, diputado radical en representación del Congreso.
Horacio Hugo Huarte, diputado radical en representación del Congreso.
Serán funciones específicas y taxativas de la Comisión las siguientes:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos
b) Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización.
c) Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raiz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores.
d) Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer.
e) Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) dias a partir de su constitucion.
Artículo 2º, Decreto 187/83
Informe Final
El resultado de toda esa investigación fue entregado el jueves 20 de septiembre de 1984 al presidenteAlfonsín, luego de un discurso de Ernesto Sábato. El voluminoso informe final, de varias carpetas, registraba la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. Así mismo, la detalla descripción realizada permitió probar la existencia de un plan sistemático perpetrado desde el gobierno mismo, siendo efectivamente clave para el Juicio a las Juntas. Este informe final fue publicado en forma de libro bajo el nombre de Nunca Más. Ese título fue elegido a partir de la propuesta de Marshall Meyer porque era el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del Gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades nazis.
Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces institucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo, para alcanzar la tenebrosa de categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.
(...)
Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado la enseñanza de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.
Discurso de Ernesto Sábato el 20 de septiembre de 1984
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